LOS PACTOS DE LA MONCLOA, EL ACUERDO QUE CAMBIÓ ESPAÑA HACE 40 AÑOS




De izquierda a derecha, Enrique Tierno Galván (PSP), Santiago Carrillo (PCE), José María Triginer (FSC), Joan Reventós (PSC), Felipe González (PSOE), Juan Ajuriaguerra (PNV), Adolfo Suárez (UCD), Manuel Fraga (AP), Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD) y Miquel Roca (minoría catalana).

Este miércoles, 25 de octubre, se cumplen 40 años de la firma de los Pactos de la Moncloa (fueron dos, denominados Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política), que se convirtieron en un paradigma mundial de diálogo y convivencia democrática entre todas las fuerzas políticas y territorios (incluidos, evidentemente, los nacionalistas vascos y catalanes). Los pactos permitieron a España iniciar el camino de la modernización que la llevaría a integrarse en la Unión Europea y a tener uno de los periodos más largos de prosperidad de su historia.

La radiografía de aquella España de 1977 presentaba, en el terreno económico, un cuadro clínico explosivo que revelaba unas cifras que se parecían poco a las que había manejado la oficialidad franquista. Era una economía muy intervenida que llegaba duramente lacerada por la crisis económica mundial causada por el encarecimiento de los precios del petróleo tras la guerra del Yom Kippur entre árabes e israelíes de 1973. 
El PIB era de 9,1 billones de pesetas, con un PIB por habitante equivalente a 3.000 dólares (hoy supera los 28.000 dólares); un crecimiento en términos reales del 2,8% que parecía sólido, pero con un consumo privado más débil, en torno al 1,5%. El déficit público (en torno al 2%) no era alarmante, pero no incluía muchos organismos autónomos o empresas públicas e industrias que luego tendrían que pasar por la reconversión. La inflación estaba oculta por la Junta Superior de Precios (JSP) y aquel año se disparó hasta un escalofriante 26,4%, aunque en algún momento del año llegó a rebasar el 30%, y los tipos de interés para créditos personales superaban el 10%, aunque no tardarían en sobrepasar el 20%.

También apareció entonces otro de los graves problemas estructurales de la economía española, que se ha instalado a lo largo de los 40 años, el desempleo, que se vio alimentado por la vuelta de muchos emigrantes, en parte atraídos por la apertura, pero también porque la crisis del petróleo había hecho mella en los países en los que se encontraban. En 1973, los parados rondaban los 325.000, según la Encuesta de Población Activa (EPA). En diciembre de 1976 había pasado a 627.990 y a 760.060 un año después, para superar el millón a finales de 1978. La tasa de paro sobre la población activa era a finales de 1977 de 5,69%. Desde entonces se desbocó hasta superar el 25% y los cinco millones de desempleados de los últimos años.

Además, el peso del sector primario era todavía alto. De los 12,5 millones de trabajadores ocupados que había en 1977 (casi 19 millones en la actualidad), 2,5 millones lo estaban en agricultura (ahora hay menos de un millón) y más de 5,3 millones ya estaban en el sector servicios, cifra que en la actualidad ha crecido hasta los 14 millones. El turismo, la primera industria nacional, trajo a España 34 millones de visitantes, bastante menos de la mitad de los más de 80 millones que se esperan para este año si no se tuercen las previsiones por la crisis catalana.

El sector empresarial era una mezcla de monopolios y oligopolios, controlados en su mayor parte por el Estado, que había acogido en su seno a empresas quebradas de todo signo y condición como solución alternativa al cierre antes de tener que enfrentarse a problemas sociales. Era una economía intervencionista y rígida que no tenía capacidad competitiva, en la que la JSP fijaba el valor de compra de los artículos básicos mediante los escandallos de costes. Una antigualla franquista.

Todo estaba roto o descosido. La decisión del Gobierno de Suárez (UCD), recién salido de las urnas el 15-J, de devaluar la peseta casi un 20% era un síntoma claro de la crítica situación que vivía el país. Con los precios desbocados y la estructura social maltrecha no cabía otra salida que buscar un gran acuerdo nacional con la participación de todas las fuerzas políticas y sociales. Suárez encargó a Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente al frente del área económica, y a Fernando Abril Martorell, vicepresidente encargado del área política, que pusieran en marcha la maquinaria para corregir las grandes lacras que lastraban la economía española: la inflación, el desempleo y el fuerte déficit exterior, que superaba los 11.000 millones de dólares.

Estaban en marcha los Pactos de la Moncloa. Se trataba de involucrar a todos. “O los demócratas acaban con la crisis económica o la crisis acaba con la democracia”, afirmó Fuentes Quintana recuperando una frase de un político republicano de 1932. Y allí estaban invitados los políticos que venían del franquismo con ánimos de cambio y los partidos de izquierda; los sindicatos, recién salidos de las catacumbas, y los empresarios, que acababan de constituir la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Así representó Peridis en vísperas de la firma de los acuerdos lo delicado de la negociación.

“La idea era un ajuste general para luego abordar una Constitución para todos y no que estuviera partida, ése era el sentido profundo de aquellos pactos”, sostiene José Luis Leal, entonces director general de Política Económica. Leal, que luego sería ministro de Economía con UCD, formó el equipo que redactó el documento técnico base para los pactos junto a Manuel Lagares, subsecretario de Economía; Luis Ángel Rojo, director del Servicio de Estudios del Banco de España, y Blas Calzada, director general de Estadística.

“Situación insostenible”

El documento técnico tenía que pasar la aprobación política. Abril negoció primero con Carrillo, lo que no agradó mucho al PSOE, que había salido de las elecciones generales con una clara perspectiva de llegar al poder. Quizá por ello mostró bastantes reticencias a dar su respaldo, cuando la propia UGT (su sindicato hermano) no los veía mal. Sin embargo, Felipe González accedió a firmar. “Había un evidente riesgo de descarrilamiento, los ingresos no iban bien, la balanza exterior presentaba un enorme déficit, empezaba a aflorar el desempleo..., la situación era insostenible”, afirma Carlos Solchaga, que unos años después sería ministro de Industria con el PSOE y, después, de Economía.

La ausencia de los sindicatos y la patronal de la histórica foto de la firma en la Moncloa se debió, según recuerdan algunos de los protagonistas, a que los pactos tuvieran más la rúbrica política de las fuerzas representadas en el Parlamento. “Los Pactos de la Moncloa se hicieron porque los sindicatos nos negamos a hacer el pacto social que nos proponía Suárez”, recuerda Nicolás Sartorius, dirigente entonces de Comisiones Obreras y del PCE; “le sugerimos que lo importante era alcanzar un acuerdo económico y político. Si hubiera alcanzado un pacto social con nosotros, probablemente habría pasado de buscar acuerdos tan amplios con los partidos como los que dieron lugar a los Pactos de la Moncloa”.

“Lo que la gente quería”, destaca Solchaga, “era pasar de la falta de libertad sindical a tener sindicatos libres, de la falta del derecho de huelga a la aplicación del derecho de huelga, de un sistema paternalista de protección de trabajadores al Estatuto de los Trabajadores y la Ley Básica de Empleo. Los ciudadanos querían pasar de un statu quo a otro, pero sin pensar en las dificultades para financiar ese cambio en plena crisis económica”.

Por ello, además de un acuerdo de ajuste salarial, se abordó la implantación de un sistema fiscal moderno, del que se encargó especialmente Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Hacienda (años más tarde sería ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González). Junto a Fuentes Quintana, creó el modelo actual de IRPF. Para Sartorius fue una de las claves, “porque permitió invertir en campos en los que el país estaba profundamente retrasado, como la educación y la sanidad y permitía comenzar a implantar el Estado de bienestar”. Con el sistema franquista de impuestos indirectos, la presión fiscal apenas suponía el 22% del PIB (frente al 37% actual), por lo que no había ingresos suficientes para hacer frente a los compromisos de gasto a los que el Gobierno de Suárez estaba llegando con los sindicatos.

Pero, además de introducir un impuesto progresivo sobre la renta, se sentaron las bases del sistema financiero moderno, se reformó una Seguridad Social que estaba dispersa en innumerables montepíos, muchos de ellos quebrados, se construyeron escuelas que permitieron que todos los niños tuvieran acceso a la educación.

 
Así describió Máximo en EL PAÍS la esencia de estos acuerdos.
 
También se puso en marcha un programa, presupuestario y monetario, que permitió, en un año, rebajar al 16,5% la tasa de inflación sin que por ello se produjeran pérdidas de poder adquisitivo para los asalariados; el déficit del sector exterior se transformó en excedente, pero no pudo evitarse el aumento del paro. Ello fue así, en parte, porque cuando el programa comenzaba a dar sus frutos tuvo lugar un nuevo episodio de alza de los precios del petróleo que los llevó en muy poco tiempo a superar los 100 dólares por barril, lo cual, para una economía como la española, muy dependiente del petróleo, fue una auténtica catástrofe.
Los Pactos de la Moncloa, que no se prorrogaron quizá por razones electorales (el PCE hubiera preferido un Gobierno de concentración, pero el PSOE quería sustituir cuanto antes a UCD), fueron un cambio fundamental que sirvió, más allá del consenso político y de la corrección de algunos desequilibrios, “para sanear la economía y sentar las bases para acercarse a Europa y el posterior crecimiento”, apostilla Leal, quien luego sería ministro de Economía con UCD.

En materia política, el acuerdo permitió modificar las restricciones de la libertad de prensa, quedando prohibida la censura previa, y un cambio de la legislación sobre secretos oficiales. Asimismo, se aprobaron los derechos de asociación política, de reunión y la libertad de expresión, tipificando los delitos correspondientes por la violación de los mismos. Se creó el delito de tortura; se reconoció la asistencia letrada a los detenidos; se despenalizó el adulterio y el amancebamiento; se derogó la estructura del Movimiento Nacional, así como otras medidas sobre la restricción de la jurisdicción penal militar…

Los Pactos de la Moncloa fueron, con sus luces y sus sombras, el arreón definitivo para consolidar la democracia en España y dar paso a la Constitución de 1978, aunque hubo algunos peligros difíciles de sortear, como el intento del golpe de Estado del 23-F en 1981. Pero, para entonces, la democracia ya había cogido carrera y era difícil detener a una mayoría abrumadora que quería libertad. Después de la firma comenzó la labor de modernización del país. Los Gobiernos de UCD, cogidos por alfileres y formados por una sopa de letras de grupos, hicieron lo que pudieron para modernizar la economía. En 1982, tomó el relevo el PSOE, que completaría el camino hacia Europa.


Tres catalanes entre los 10 firmantes

La coincidencia del 40 Aniversario de los Pactos de La Moncloa con la grave crisis de Cataluña confiere a aquellos acuerdos mucha más relevancia. Los desencuentros que se han producido estos días amenazan con tirar por la borda aquel espíritu constructivo y de entendimiento, que, quizá, se ha roto por no haber sabido los dirigentes de un lado y otro avanzar en el diálogo que se fraguó entonces. Fue un sentimiento que se reflejó en que, entre los 10 firmantes de los Pactos, había tres catalanes: Miquel Roca (por Convergència i Unió, hoy reconvertido en PDCat ), Josep Maria Triginer (por la Federación Catalana del PSOE) y Joan Reventós (por Convergencia Socialista de Cataluña).

Los pactos se firmaron en el Palacio de la Moncloa, que se había convertido en la sede del Gobierno tras el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente, para después ser ratificados en el Congreso de los Diputados dos días después y en el Senado el 11 de noviembre de 1977. Además de los tres catalanes citados plasmaron su rúbrica Suárez en nombre del Gobierno; Leopoldo Calvo-Sotelo, por UCD, fundado por Suárez a partir de varios grupos impulsados en su mayor parte por políticos que habían sido dirigentes durante el franquismo (el propio Suárez había sido ministro secretario general del Movimiento); Felipe González, por el resucitado PSOE; Santiago Carrillo, por el PCE, que había sido legalizado la Semana Santa de aquel año; Enrique Tierno Galván, por el Partido Socialista Popular (PSP); Juan Ajuriaguerra, por el Partico Nacionalista Vasco (PNV), y Manuel Fraga Iribarne, por Alianza Popular, que no suscribió el acuerdo político, pero sí el económico. Viniendo de donde venía, se entiende su postura.

Subida salarial del 22%, inflación del 26,4%

Los sindicatos y la patronal no firmaron los pactos, aunque concedieron su apoyo, los primeros implícitamente representados por los partidos de izquierda (PSOE y PCE) y los empresarios porque ya se habían convencido de que los tiempos estaban cambiando y había que aceptar la transición a la democracia. Eso no quería decir que las organizaciones sindicales (Nicolás Redondo lideraba UGT y Marcelino Camacho, CC OO) y la patronal quedaran al margen.

“Siempre prestaron un sólido apoyo”, sostiene José Luis Leal, que negoció con los sindicatos un aumento salarial del 22% (20 puntos más dos de deslizamiento) cuando la inflación acabaría ese año con el 26,4%. Aquel acuerdo allanaba el camino para el pacto político, pero no resultaba muy explicable que los sueldos subieran menos que la inflación, lo que llevó a Camacho a decir aquello de “las matemáticas de la burguesía”. Pero los sindicatos aceptaron y tuvieron que soportar que en alguna fábrica más de un militante les arrojara el carnet a la cara.

“Lo más importante es que, tras ese acuerdo, se empezaron a calcular los salarios sobre la inflación prevista y no sobre la pasada y, a cambio, se procedió a realizar la reforma fiscal, que era absolutamente necesaria”, enfatiza Nicolás Sartorius, uno de los negociadores por CC OO. Probablemente, el sacrificio era porque no sólo era salario real de lo que se hablaba. “Había que considerar también el salario social; es decir, aumentar el gasto social en capítulos que mejoraban notablemente el Estado de bienestar, como educación y sanidad”, completa el exministro socialista Carlos Solchaga.


Subida salarial del 22%, inflación del 26,4%

Los sindicatos y la patronal no firmaron los pactos, aunque concedieron su apoyo, los primeros implícitamente representados por los partidos de izquierda (PSOE y PCE) y los empresarios porque ya se habían convencido de que los tiempos estaban cambiando y había que aceptar la transición a la democracia. Eso no quería decir que las organizaciones sindicales (Nicolás Redondo lideraba UGT y Marcelino Camacho, CC OO) y la patronal quedaran al margen.


“Siempre prestaron un sólido apoyo”, sostiene José Luis Leal, que negoció con los sindicatos un aumento salarial del 22% (20 puntos más dos de deslizamiento) cuando la inflación acabaría ese año con el 26,4%. Aquel acuerdo allanaba el camino para el pacto político, pero no resultaba muy explicable que los sueldos subieran menos que la inflación, lo que llevó a Camacho a decir aquello de “las matemáticas de la burguesía”. Pero los sindicatos aceptaron y tuvieron que soportar que en alguna fábrica más de un militante les arrojara el carnet a la cara.


“Lo más importante es que, tras ese acuerdo, se empezaron a calcular los salarios sobre la inflación prevista y no sobre la pasada y, a cambio, se procedió a realizar la reforma fiscal, que era absolutamente necesaria”, enfatiza Nicolás Sartorius, uno de los negociadores por CC OO. Probablemente, el sacrificio era porque no sólo era salario real de lo que se hablaba. “Había que considerar también el salario social; es decir, aumentar el gasto social en capítulos que mejoraban notablemente el Estado de bienestar, como educación y sanidad”, completa el exministro socialista Carlos Solchaga.



 FUENTE: EL PAÍS (Miguel Ángel Noceda) 21 OCTUBRE 2017

GIPUZKOA, LA AUTOPISTA PREHISTÓRICA QUE UNIÓ EUROPA CON LA PENÍNSULA



Cueva de Aitzbtarte IV en Landarbaso, Errenteria. donde se han hallado figuras en bajorrelieve modeladas en arcilla del Paleolítico.

En pleno período Magdaleniense el actual territorio de Gipuzkoa conectó el continente europeo con la Península Ibérica y permitió el paso de los humanos paleolíticos hacia Atapuerca


Hace entre 10.000 y 15.000 años, en pleno período Magdaleniense, el actual territorio de Gipuzkoa actuó como una suerte de "autopista prehistórica" que, según creen los expertos, conectó el continente europeo con la Península Ibérica y permitió el paso de los humanos paleolíticos hacia Atapuerca.

Los descubrimientos realizados en la última década, en los que el número de cuevas con arte rupestre en Gipuzkoa han pasado de dos a once, han permitido dibujar sobre el mapa un corredor por el que hace miles de años nuestros antepasados transitaron entre los Pirineos y el valle del Ebro o la meseta norte.

El recorrido que configura la unión de los yacimientos de Aitzbitarte (Errenteria); Altxerri (Aia); Danbolinzulo y Erlaitz (Zestoa); Ekain y Astigarraga (Deba), y Lezetxiki (Arrasate), configura un corredor compartido en muchas partes por la actual autopista AP-8, a través del que, en opinión de los expertos, los humanos prehistóricos se adentraron en la península en busca de materias primas.

Según explica el profesor de la Universidad del País Vasco y miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Álvaro Arrizabalaga, se trata de un "nuevo modelo" de estudio que, a diferencia del anterior en el que el País Vasco se situaba como fondo del corredor Cantábrico que configuran Asturias y Cantabria, propone una distribución "multidireccional" de las personas de aquella época, así como de sus "ideas" e "innovaciones tecnológicas".

"Lógicamente -concreta Arrizabalaga- los seres humanos que llegaron a Atapuerca lo hicieron por algún sitio y la hipótesis más probable es que llegaran pasando por Gipuzkoa y por el corredor del río Deba, donde hay una concentración muy grande de yacimientos y de arte parietal, en la zona de Deba, Mutriku e incluso Mendaro".

"Son los yacimientos arqueológicos los que nos están definiendo que ese es el paso", precisa el experto, en cuya opinión, lo que nuestros antepasados buscaban en el valle del Ebro era "algo tan esencial" para ellos "como la materia prima con la que hacer herramientas".

Pinturas rupestres en la cueva de Landarbaso




"Querían las buenas fuentes de sílex que están en Treviño y en Urbasa. Y para acceder a ellas es imprescindible cruzar la divisoria de aguas y entrar en Álava", ha concretado.

Arrizabalaga afirma que el fenómeno de la búsqueda de materias primas se observa también en el otro lado de los Pirineos, en el País Vasco francés donde, según ha comentado, "pasa exactamente lo mismo".

"Hay una distribución del flujo de las poblaciones que se estrecha mucho para cruzar el Bidasoa pero luego, una vez que entran en Iparralde se distribuyen por el pie de monte de los Pirineos, la depresión aquitana y el valle del Garona", ha descrito el arqueólogo.

DIARIO VASCO (CARLOS LÓPEZ / EFE), 29 AGOSTO 2017

USOS POLÍTICOS DE LA SEGUNDA REPÚBLICA (Javier Moreno Luzón)


Un grupo de mujeres, en las elecciones generales de noviembre de 1933, las primeras con sufragio universal. EFE

Los años convulsos que van desde 1931 hasta 1936 se han convertido en una lucha partidista de interpretaciones

La convulsa Segunda República española, entre abril de 1931 y julio de 1936, se ha convertido en uno de esos asuntos históricos enfangados en continuas batallas políticas y culturales. Parte de un pasado que no termina de pasar, refleja las preocupaciones de los sucesivos bandos en conflicto y sella sus identidades partisanas. Lo cual afecta, de manera inevitable y no siempre positiva, a los historiadores. Como se ha señalado a propósito de la revolución soviética de 1917, cuéntame qué opinas de la República y te diré quién eres.

En ese breve periodo democrático se dan cita algunos elementos clave en cualquier interpretación acerca de la España contemporánea. Antecedente inmediato de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco, a él se acercan quienes intentan dilucidar por qué aquí no cuajó la democracia y a qué fuerzas hay que atribuir la responsabilidad en la tragedia. Naturalmente, las izquierdas y las derechas acusan a los predecesores de sus contrarias y absuelven a los propios. Una pugna histórico-política que se ha enconado en las últimas décadas y ha enrarecido el clima historiográfico hasta extremos antes inimaginables.

Para empezar, bajo la bota franquista se permitían pocas dudas: la República no era más que la culminación de una historia desgraciada, la del liberalismo español, que había traicionado las esencias nacionales y se había entregado a revolucionarios y separatistas, lo cual justificaba el levantamiento militar de 1936. En aquellos tiempos grises, los escasos historiadores que se ocupaban de la época y no se dedicaban a la propaganda vivían fuera del país. Entre ellos figuraban defensores de los republicanos y socialistas que habían diseñado el programa —educativo, social y agrario, civilista, secularizador— de 1931, pero también observadores moderados que guardaban las distancias.

Conforme se abrió paso la democracia en los setenta, el panorama cambió de forma substancial, pues desde entonces proliferaron las publicaciones y los coloquios, los cursos y los programas de radio y televisión, mientras el ambiente político animaba a no repetir los errores pretéritos y pasar página. Aquel florecimiento historiográfico, que con altibajos duró más de dos decenios, no sólo multiplicó las contribuciones, sino que puso asimismo a los académicos autóctonos al mismo nivel que los hispanistas. Se asentaron enfoques que aconsejaban contemplar la etapa en toda su complejidad y no tener a la República por un mero plano inclinado hacia la contienda. Y, cosa notable, fue posible el diálogo entre gentes de ideologías distintas, que no confundían su proximidad a una u otra tendencia con la fe ciega en sus bondades.

Sin embargo, a finales de los noventa, cuando la historia se transformó de nuevo en arena de combate político, ese entendimiento se vino abajo. Abrieron fuego pseudohistoriadores que recuperaron viejas tesis de regusto franquista: las izquierdas tuvieron la culpa de todo y la guerra comenzó no en 1936, sino en 1934, cuando se sublevaron contra un Gobierno en el que entraban los católicos. La democracia no era tal y Franco salvó a España del comunismo. Lo burdo de sus argumentos, acorde con sus métodos de investigación, no impidió que vendieran muchos libros y llenasen grandes espacios mediáticos. El público de derechas seguía ahí, dispuesto a comprar, con ropajes diferentes, las diatribas ya conocidas.

Por otro lado, los movimientos para la recuperación de la memoria histórica reivindicaron la herencia republicana, la de los perdedores de la guerra, demandaron reparaciones y proyectaron hacia atrás una visión idealizada de la República. Más que comprender qué había ocurrido, se trataba de enarbolar emblemas progresistas, lo mismo que en las manifestaciones contra los Gobiernos del Partido Popular ondeaban por miles las banderas tricolores. Según estas versiones, los partidos y sindicatos de izquierda se habían comportado como demócratas irreprochables y merecían más y mejores homenajes. Como si republicanos, socialistas, nacionalistas, anarquistas y comunistas hubieran remado siempre juntos y en la misma dirección.

Las posturas se radicalizaron cuando, ya entrado nuestro siglo, el Gabinete socialista, decidido a integrar el legado republicano en la España constitucional, impulsó una ley de reparaciones que, aunque prudente, desató una intensa pugna. Nada la ejemplificó mejor que la batalla simbólica de esquelas en la prensa, en la que cada cual recordaba a sus muertos. Y así estamos. Los conservadores repiten, día sí y día también, que hay que mantener cerradas las heridas, al tiempo que incumplen la ley y contraponen la Transición modélica al caos republicano. Por su parte, las nuevas izquierdas elogian al pueblo de 1931 y al que frenó al fascismo en 1936. La súbita crisis de la Monarquía les hizo soñar con una Tercera República, espejo de la Segunda, pero su despertar no ha borrado las trincheras cavadas en torno a las respectivas legitimidades.

Entre tanto, la historiografía se ha enriquecido con un sinfín de artículos, libros y congresos, impulsada a menudo por profesionales españoles que se mueven con soltura en las universidades europeas. Se han refrescado temas clásicos, como las biografías, las elecciones o las reformas; y también se atiende a otros actores, desde las mujeres hasta los guardias civiles, al tiempo que la historia cultural ilumina los discursos, las movilizaciones o la violencia política. Los estudios locales ya no son localistas, sino que emplean el microscopio para desentrañar fenómenos de largo alcance.

No obstante, los especialistas en la República tienden hoy a alinearse en facciones enfrentadas a cara de perro. Poco queda de los foros donde un general vencedor podía conversar con un antiguo exiliado. Ahora lo habitual es descalificar a quienes sostienen otras posiciones, porque se supone que su militancia progresista les impide ver la realidad o porque cualquier melladura en los mitos republicanos se juzga como un retorno a las ideas del franquismo. No basta con discutir las opiniones de los otros, sino que además hay que tacharles de deshonestos. Abundan los albaceas de personajes y causas del pasado, mientras algunos medios instrumentalizan las investigaciones universitarias para alimentar la controversia. Hasta ha entrado en escena, con un toque surrealista, la Fundación Francisco Franco. La política maniquea pervierte el conocimiento de la historia, y este, como la calidad de nuestros debates, sale perdiendo.

Javier Moreno Luzón es catedrático de Historia en la Universidad Complutense

FUENTE: EL PAÍS, 16 JULIO 2017